El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno falló contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) por una recusación que había presentado contra el juez Alejandro Recarey, que días atrás ordenó una medida cautelar que suspendió el Proyecto Neptuno y ordenó a OSE no firmar el contrato con Consorcio Aguas de Montevideo.
El MSP había pedido que otro juez analizara el tema debido, entre otros motivos, al caso de las vacunas contra la covid-19, debido a que en julio de 2022 Recarey dio lugar a un recurso de amparo para suspender la vacunación a menores de 13 años, medida que finalmente revocó un Tribunal de Apelaciones.
Ante una medida cautelar que pidieron tanto la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Los Tucu Tucu, representados legalmente por el abogado Juan Ceretta, el MSP solicitó que un Tribunal de Apelaciones reviera qué magistrado debía decidir por el caso, ya que la carpeta había caído en el escritorio de Recarey.
El MSP, uno de los apuntados por las organizaciones junto a OSE y el Ministerio de Ambiente, argumentó que «no existen garantías de imparcialidad», lo que había sido «comprobado» con el tema de las vacunas, y que era «clara la enemistad y animosidad» contra la secretaría de Estado.
Pero el Tribunal rechazó «de plano» la recusación «por ser manifiestamente infundada». «Las referencias a la actuación del magistrado en otras causas no pueden servir de motivo para disponer el apartamiento».
Esto porque lo que debe resolver el tribunal es «sobre la imputación de imparcialidad en el caso concreto y no en otro». También alegó que en esta circunstancia «no se advierte trato discriminatorio» contra el MSP.
De todas formas, esta no es la resolución del tribunal sobre el fondo de la cuestión. El gobierno decidió apelar la medida cautelar dictada por Recarey y ahora el tribunal deberá analizar esa cuestión, y emitirá su fallo.
Si el Tribunal de Apelaciones rechaza el recurso del gobierno y da por válida la resolución de Recarey, entonces las organizaciones ambientalistas tendrán la posibilidad de iniciar una demanda para hacer caer definitivamente el proyecto, una instancia que podría llegar a demorar años. | Fuente: El País
