El Tribunal de Apelaciones dispuso que la Justicia en Primera Instancia deba expedirse en torno a la legalidad y constitucionalidad del contrato firmado entre OSE y el Consorcio Aguas Montevideo para llevar a cabo el Proyecto Neptuno.
Esto, en el marco de la acción promovida por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en representación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y los colectivos Los Tucu Tucu de San José y Hermandad Pro Derechos.
El recurso había sido presentado en a mediados del 2023 con el objetivo de suspender la adjudicación de la «Licitación Pública Internacional No. 23980 (Proyecto Neptuno-Arazatí)», en el Juzgado Letrado en lo Civil de 10° Turno de Montevideo.
Sin embargo, la titular de esa sede, Dra. Aurora Larramendi, se había declarado incompetente, lo que motivó que los promotores de la acción apelaran esa decisión.
Fuentes vinculadas a los colectivos que llevan adelante la misma, indicaron a Visión Ciudadana que el Tribunal consideró un error lo establecido por la magistrada por lo que le encomendó resolver sobre el asunto de fondo.
