El pasado viernes 1° de diciembre, el Frente Amplio ingresó a la Intendencia de San José el pedido de acceso a la información pública mediante el cual pretende despejar dudas con respecto al caso del funcionario de adquirió motos a nombre de la comuna.
De dos páginas, el pedido está firmado por el diputado Nicolás Mesa, la presidenta de la coalición de izquierda, Marcela Barrios, el edil Heber Figuerola y los integrantes de la Mesa Política, Roberto Cabral y Nancy Machín.
El mismo es consecuencia de preguntas que, en opinión del conglomerado, quedaron sin responder durante el llamado a sala realizado por el tema semanas atrás, al que concurrieron los directores de Hacienda y Tránsito de la ISJ, Cr. Miguel Olagüe y Yarwynn Silveira, respectivamente.
La información solicitada se ajusta al siguiente detalle:
«Copia del expediente de compra o de cualquier actuación administrativa relacionada con la adquisición de vehículos al comercio local (nombre del comercio) en que haya participado, autorizado o no (nombre del funcionario).
Registro y detalle de otras compras que hubieren sido detectadas con similares visos de irregularidad, realizadas por el mismo u otro funcionario, y de las medidas investigativas y denuncias que la Administración haya realizado por ellas.
Detalles sobre dicha o dichas adquisiciones, como fechas de compra y retiro del o los vehículos, identificación de funcionarios que pudieren haber intervenido en ella/s, precio/s comprometido/s y/o pagado/s y toda otra información relacionada con dicha/s transacción/es.
Copia de las actuaciones administrativas que se pudieren haber generado a raíz del supuesto reclamo o denuncia del vendedor por la falta de pago del o los vehículos adquirido/s en esa/s transacción/es.
Detalle sobre la forma y fecha en que los jerarcas correspondientes, y usted en particular, tomaron conocimiento del hecho referido, identificación de los jerarcas involucrados en la toma de conocimiento.
Copia y fecha de la denuncia que se haya presentado en la Seccional Policial correspondiente o en la Fiscalía Departamental, una vez conocida la existencia del hecho con apariencia delictiva referido, en cumplimiento de lo previsto en el art° 177 del Código Penal y en el art° 390 del TOFUP.
Resolución y fecha de su dictado, por la que se haya determinado el inicio de la investigación administrativa de los hechos referidos. Si bien se entiende que el carácter reservado correspondiente a dicha investigación impide que se nos brinde copia de las actuaciones que se estén llevando a cabo en ella, solicitamos copia y fecha de la resolución que haya determinado su inicio.
Copia de toda la documentación y detalles del o los empadronamientos y eventual/es anulación/es de dichos trámites en relación a uno o más de los vehículos involucrados.»
De acuerdo a lo establecido en la ley 18.381, que habilita y regula los pedidos de acceso a la información pública, la Intendencia tendrá 20 días -hasta el 28 de diciembre) para responder, con opción a prórroga por otros 20 «si median circunstancias excepcionales».
