El edil Alfredo Lago (PC) denunció en la Junta Departamental dos casos más de compras irregulares en las que estuvo involucrado el funcionario de la Intendencia que actualmente es investigado por adquirir tres motos a nombre de la comuna.
Fue en el marco de la comparecencia ante el plenario de la corporación de los directores de Hacienda y Tránsito, Cr. Miguel Olagüe y Yarwynn Silveira respectivamente, quienes respondieron sobre los sistemas de compra y empadronamientos, dando cumplimiento al llamado a sala votado el 12 de octubre.
Tras escuchar las explicaciones del Cr. Olagüe sobre el sistema de compras, Lago se preguntó si «siempre» se dan todos los pasos que el mismo incluye, ya que dijo estar en conocimiento y tener detalles de «dos casos» de adquisiciones irregulares en las que también estuvo involucrado el trabajador en cuestión. Haciendo alusión a una de las situaciones en particular, el edil colorado dijo conocerla porque el perjudicado «es un proveedor al cual yo también le compro».
El titular de Hacienda había dicho en su alocución inicial que la Intendencia no desembolsa dinero alguno sin la correspondiente orden de compra. En ese sentido, aseguró que la comuna no pagó ninguna de las tres motos adquiridas por el funcionario. Sin embargo, Lago dijo que en los casos que mencionó «tampoco hubo orden de compra» y «le retiraron la mercadería».
«Yo creo en su idoneidad y en la seriedad con la que usted lleva adelante su trabajo, pero ¿siempre se hace de esa forma que usted dice? Porque era este mismo funcionario el que había ido con ese proveedor», reiteró.
Del mismo modo, Lago dijo que en uno de los casos debió intervenir y hablar con «alguien muy cercano a la señora intendenta» Ana Bentaberri, por lo que consideró que la titular del Ejecutivo también está en conocimiento de al menos uno de esos dos episodios.
La sesión culminó sobre las 00:55 de ese martes sin que se votara moción alguna, sea de respaldo o de rechazo a las explicaciones de los directores.
Desde el Frente Amplio, el edil Pablo Cortés lamentó que de la instancia no haya sido parte la intendenta, que era «quien podía darnos algunas respuestas desde el punto de vista político». Asimismo, dijo que las principales dudas con las que se retiró su bancada fueron, por un lado, «por qué ese comerciante tuvo la sensación de que podía confiar en ese funcionario y entregarle tres motos de boca para la Intendencia» y, por el otro, si fue el gobierno departamental el que radicó la denuncia policial de los sucedido.
Desde tiendas oficialistas, el edil Walter Faggiani sostuvo que «todos los comerciantes tienen que saber que no pueden entregar mercadería sin una orden de compra. Lo que tienen que saber todos, sin duda alguna. Y si se entregaron (las motos) es responsabilidad de quien lo hizo. No puedo aceptar que se diga que esto sucedió porque había una costumbre, una confianza, porque nunca había sucedido nada así«, respondió.
Faggiani admitió que el tratado fue un tema político y que la responsable final «es la señora intendenta, pero ella mandó a quienes podían dar las explicaciones que se estaban requiriendo».
«Nos vamos con la absoluta convicción de que el sistema de compras y empadronamiento son eficientes y están blindados. Hay errores humanos, funcionarios infieles y comerciantes confiados, y eso no lo puede corregir un sistema de compras, porque errores humanos y malas intenciones hay en todos lados», concluyó.
