Profundo malestar y rechazo causó en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y en el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) la postura negativa del Ministerio de Ambiente y de OSE de recibir aportes de los investigadores Dr. Marcel Achkar, Luis Aubriot y Claudia Piccini sobre el Proyecto Arazatí.
Ambos organismos impidieron que la Justicia les tomara declaración así como también que se incluyeran sus estudios como prueba documental.
El hecho se registró en el marco del recurso administrativo presentado en septiembre del 2023 por la ONG Redes Amigos de la Tierra ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de revocar y anular la licitación del Proyecto.
El PEDECIBA en particular, consideró «inadmisible» que el Ministerio y OSE argumenten su postura señalando que «carecen de la condición de imparcialidad».
«La actitud del Ministerio de Ambiente y OSE de negarse a incluir los resultados de la ciencia nacional e internacional impide la discusión profunda y basada en evidencias sobre los aspectos de fondo del proyecto Neptuno, apelando como estrategia a descalificar a los referentes del tema», expresó.
«No podemos aceptar el manto de duda sembrado por estas instituciones estatales sobre la honorabilidad y credibilidad de nuestros colegas y la censura general a la ciencia nacional solamente porque los resultados no avalan sus propósitos, mientras aceptan la propuesta de la empresa como de recibo e imparcial», añadió.
El Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y de la Facultad de Ciencias, en tanto, repudió «enfáticamente» la posición de la Secretaría de Estado y del ente sanitario.
«No podemos aceptar que se cuestione la obligación de cumplir con el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República que establece que le compete ‘…contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defender los valores morales y los principios de justicia…'».
El Instituto lamentó que «se pretenda censurar la ciencia nacional» porque sus investigaciones «no avalan las intenciones de jerarcas que pretenden llevar adelante un proyecto descalificado por la evidencia empírica».
«Consideramos que con este proceder estas instituciones se alejan de su cometido/obligación de defender el derecho de acceso al agua potable y la preservación del ambiente» y, a su vez, promueven «proyectos técnicamente y ambientalmente cuestionables, que deben ser discutidos en profundidad», manifestó.
