Como habíamos adelantado, en la noche del jueves, y a solicitud de la bancada del Frente Amplio, se reunió en forma extraordinaria la Junta Departamental, y finalmente se votó el llamado a sala a la Intendente Ana Bentaberri, “en referencia al proceso de compras gubernamental y trámite de empadronamiento de vehículos”, según el propio Orden del día para el encuentro extraordinario.
Como era esperable, la sesión demandó pocos minutos, fundamentalmente porque el asunto, aunque no había quedado resuelto en la última “ordinaria”, porque nadie pidió la prórroga y se levantó la sesión, ya había sido presentado, y además porque el FA, tiene los votos suficientes como para generar la convocatoria. Recordemos que conforme la norma, se requieren 11 votos para llamar a sala a la Intendente, y que el FA tiene 12 ediles, a esto el representante del Partido Colorado, ya había adelantado que acompañaría la moción.
También el oficialismo, aunque primero había expresado que “no era oportuno” el llamado a sala, finalmente había presentado una moción en el mismo sentido, aunque planteando que la convocatoria se dé, “finalizado el proceso de investigación”.
En ese contexto, y teniendo en cuenta que el feriado del 12 de octubre, se corrió para el próximo lunes, y por tanto no habrá sesión de la Junta, para retomar el tema, era necesario esperar hasta el lunes 23, tiempo que según la oposición es demasiado. De allí que la bancada convocó a la sesión extraordinaria del jueves.
Se presentó una sola moción, la del FA, firmada por la edila Verónica Britos, y se votó en forma unánime por parte de los 26 representantes que concurrieron a la convocatoria.
La edila del MPP, planteó en sala que la intención era generar la posibilidad de “intercambiar sobre el sistema de compras de la Intendencia de San José y el mecanismo de empadronamiento de vehículos. Ante los hechos conocidos públicamente donde un funcionario del Gobierno Departamental habría adquirido motos a nombre de la Intendencia, es necesario que este cuerpo trate el tema de forma seria e institucional (…) La acción del funcionario deja en evidencia las debilidades del sistema de compras del Ejecutivo y los requisitos para el empadronamiento de vehículos. No pretendemos conocer en este espacio de plenario detalles del caso en cuestión, ya que como todos sabemos, está en medio de una investigación administrativa y policial (…) Gobierno Departamental se ve envuelto en un hecho ilegal, entiendo que debemos abordar el tema con la información precisa, con datos que solo el Ejecutivo puede brindar, y de esta forma proporcionar a este cuerpo y a la población en general las respuestas que contribuyan a aclarar la situación y preservar la transparencia que todo gobierno debe tener”, señaló la edila
Tras la votación, el coordinador de Bancada del Partido Nacional, Walter Faggiani (404), fundamentó su voto destacando: “hemos acompañado toda la bancada del Partido Nacional esta solicitud de llamado a sala a la señora Intendente, en primer lugar porque respetamos los derechos de las minorías de estar informadas de primera mano, al igual que el cuerpo, por más que nosotros podamos ya haber tenido la versión oficial de la Intendencia por nuestra condición de oficialista. Nos parece de todas maneras puntualizar que se hizo un pedido de informes muy completo y hoy se está haciendo un llamado a sala. Están en todo su derecho constitucional y político de hacerlo, pero nos parece un exceso que antes de haber recibido la respuesta por escrito que se pidió, se esté haciendo un llamado a sala. O se debió haber empezado por el llamado a sala o se debió haber esperado la respuesta del pedido de informes y después si no era satisfactorio hacer el llamado a sala. De todas maneras están en todo su derecho constitucional y político de hacerlo y lo respetamos y lo acompañamos”, comenzó el edil, quien además dijo tener la certeza que “el sistema (de compras) está blindado y no ofrece ninguna posibilidad de maniobras, lo vamos a poder demostrar con la presencia de los técnicos (…) Nadie está libre de que haya funcionarios infieles (…), el hecho de que se haya sabido y se haya podido evitar que la Intendencia pagara la moto (…) quiere decir que el sistema de control funciona”, cerró
